Así lo creen diversos políticos y exprocuradores que ayer se pronunciaron sobre el tema.
TODO ESTÁ CLARO. Por ejemplo, el legislador Víctor Andrés García Belaunde señaló que es “evidente” que ha existido un tipo de colaboración del gobierno peruano para que el amigo de la pareja presidencial salga del país sin activar las alertas de la PNP o Migraciones.
“Además, nadie va a un país como Bolivia a pedir refugio sin previamente hacer consultas para saber si su solicitud será positiva. De tal manera que todo esto es parte de una planificación que se ha hecho de la mano del Gobierno”, sostuvo.
Pero el asilo no sería gratuito. “Vitocho” recordó que la nación altiplánica tiene intereses en el país “que están siendo todavía debatidos, como Boliviamar, y estoy seguro de que habrá algún tipo de canje o de exigencia para obtener algún tipo de beneficio con esta entrega de calidad de refugiado a una persona perseguida en el Perú”.
Prueba de ello -agrega el acciopopulista- sería la reunión que Humala tuvo con Evo Morales el último 9 de diciembre, “y lo cierto es que antes del pedido de refugio el Gobierno hacía coordinaciones para esta figura de colaborador eficaz, que no se dio”, recordó.
De igual modo, el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril señaló que la pareja presidencial habría allanado el camino de Belaunde Lossio en aras de un refugio en La Paz.
En su opinión, no se intenta proteger solo a Belaunde Lossio, sino que “quieren que se fugue porque la cabecilla de esta red de corrupción es la señora Nadine Heredia. Todo lo que hacen día a día es rubricar esta tesis”.
En esa línea, se animó a denunciar que “ellos (el Ejecutivo) han dirigido la huida de Martín Belaunde Lossio a Bolivia porque sabían perfectamente que ahí no funcionaba la orden de captura internacional”.
LAS ESPECIALISTAS. Las sospechas también alcanzan a personas especializadas en el tema legal, como las exprocuradoras Yeni Vilcatoma y Delia Muñoz.
Vilcatoma, en principio, calificó a MBL de “intocable”.
“Ahora el señor Martín Belaunde es prácticamente intocable, toda vez que al haber iniciado su trámite de refugio, tiene el manto de protección en cuanto dure todo el procedimiento. Estas prerrogativas no las ha tenido ningún otro imputado en el caso ‘La Centralita’”, advirtió.
En ese sentido, consideró que se ha generado un manto de impunidad total, pues “existía una intención de sustraer de la acción de la justicia peruana a Martín Belaunde Lossio”.
“Cómo es posible que el señor Belaunde Lossio haya podido salir del país, si como ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Gutiérrez, esta alerta estaba activada desde el 18 de setiembre de 2014”, cuestionó.
Aclaró que el empresario es un “investigado” y “no un perseguido político al que se le quiso allanar el camino para una posible colaboración eficaz”.
“Además, según mis conclusiones, es que no solamente se busca que no se le capture, sino que goce de algunas condiciones que le permitan, como ahora, ser intocable”, concluyó.
De igual modo, para Delia Muñoz, exprocuradora supraprovincial para casos de Derechos Humanos, la serie de hechos descubiertos darían pie a pensar que el Gobierno estaría “blindando” a Belaunde Lossio.
Comparó además su situación legal con la de Rodolfo Orellana, quien fue extraditado apenas se supo de su escondite en Cali, Colombia. Es por ello que Muñoz sospecha que el Gobierno se encuentra “moviendo sus fichas” para que cuando MBL sea extraditado, se le procese por ciertos delitos, y no se pueda hacer ninguna ampliación en su contra. Es decir, todo estaría pensado para favorecerlo.
NO LO PROTEGEREMOS. Entre tanto, ayer el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, anunció que su país tiene como máximo tres meses para pronunciarse sobre el pedido de refugio que solicitó Belaunde Lossio. El funcionario Boliviano precisó que no lo protegerían.
“En este momento, él tiene la condición de solicitante de refugio y nosotros, como lo establece nuestra ley, tenemos un plazo máximo de 120 días para resolver esta solicitud y está a cargo de la Conare (Consejo Nacional de Refugiados)”, dijo Choquehuanca.
El diplomático boliviano aseguró, no obstante, que “Bolivia no va a proteger a personas que huyen de procesos por delitos comunes y, más aún, de corrupción”.
“Bolivia va a actuar en el marco de la normativa internacional, en el marco de los compromisos que ha asumido el Gobierno en relación a los refugiados, y tenemos una ley que establece procedimientos, plazos y principios”, manifestó.
Informó que el caso de Belaunde Lossio es una de las 14 solicitudes de refugio que están en proceso y está siguiendo su trámite normal.
“Hay una norma nacional y otra internacional para el tratamiento de estos temas. Por ello, Bolivia va a actuar en el marco de nuestra ley. Tenemos una ley, la Ley 257, y nosotros hemos ratificado la Convención del Estatuto del Refugiado”, puntualizó.
En ese sentido, Choquehuanca señaló que en el caso de Belaunde Lossio se tomará en cuenta toda la información y documentación que llegue al gobierno boliviano.
Explicó que esta información puede ser presentada por el solicitante o puede ser obtenida por la Conare o por cualquier otra instancia.
“Vamos a considerar toda la información que nos llegue. Puede ser de la Interpol o del propio gobierno peruano. La Conare, para garantizar su derecho a la defensa, tiene que convocar a una entrevista al solicitante del refugio, cosa que no se ha hecho hasta ahora, en este caso particular de Belaunde”, explicó.
Cabe recordar que la Conare informó que el lunes 5 o a más tarde el martes 6 de enero Belaunde Lossio deberá sustentar personalmente las razones por las que ha solicitado el refugio.
En la Conare, aclaró Choquehuanca, participa un representante del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero también participa el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.
MÁS BENEFICIOS. En ese contexto, Correo supo que si Belaunde Lossio logra ser considerado un refugiado, la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le permitiría salir de Bolivia sin el temor de ser capturado.
Esta podría ser la estrategia que el exaportante a la campaña electoral del presidente Ollanta Humala habría ideado, y quienes lo ayudaron a salir del país sabían.
Según el artículo 31 del documento del ACNUR, los “refugiados” no podrán ser sancionados por el país que los acogió “por causa de su entrada o presencia ilegal”.
Incluso se indica que el refugiado podría pedir su admisión en otro país.
“Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país”, añade.
Pero eso no es todo: Belaunde Lossio podría incluso viajar fuera de Bolivia siendo refugiado.
Así lo establece el artículo 28, inciso 2, de esta convención.
“Los documentos de viaje expedidos a los refugiados en virtud de acuerdos internacionales previos por las Partes en tales acuerdos, serán reconocidos por los Estados Contratantes y considerados por ellos en igual forma que si hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo”, precisa.
Pero si bien Bolivia se rige por las normas de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) también expidió sus propias normas, similares a las del ACNUR.
Así, según el artículo 29 del Decreto Supremo N° 28329 del gobierno boliviano, “si agotadas todas las instancias se confirmara la negativa del reconocimiento de condición de refugiado, se otorgará al solicitante un plazo de treinta días para abandonar el país o la posibilidad de regular su situación migratoria a través del Servicio Nacional de Migración”.
Asimismo, indica en su artículo 38 que, “a solicitud de la Conare, el Servicio Nacional de Migración podrá facilitar un documento de viaje a los refugiados que no cuenten con pasaporte, el cual les permitirá salir del país. Este documento guardará la forma establecida por el Apéndice del Anexo de la Convención de 1951”.
Bajo este beneficio, Belaunde Lossio podría escoger 94 países para viajar, pues dicho número conforma el Comité Ejecutivo del Acnur, que fueron los que ratificaron su suscripción al Convenio.