Cuando el Congreso sesionaba fuera de Lima
El señor Presidente del Congreso Daniel Abugattás Majluf, ha propuesto que haya Sesiones Descentralizadas del Pleno del Congreso de la República, y se ha previsto para este próximo 8 de setiembre la primera Sesión Descentralizada a realizarse en Ica y que coincidirá con el 191º aniversario de la llegada del Generalísimo José de San Martín a la bahía de Paracas. Interesante el paralelismo histórico con que juega el Presidente del Congreso, lo que sucede es que aún no nos percatamos que estamos ante una nueva fase de nuestra emancipación, esta vez del imperialismo o del neoliberalismo.
Si de aspectos históricos hablamos, debemos hacerle recordar al Dr. Abugattás que el Congreso en Pleno sólo ha funcionado fuera de Lima por razones de emergencia internacional, es decir en épocas de guerra como lo fueron las luchas por la independencia, la guerra de la Confederación Perú Boliviana y durante la guerra contra Chile.
España había tenido éxito en las Campañas de Intermedios, y era necesario que nuestro ejército patriota reforzara las tropas, y qué mejor con aquellas que estaban acantonadas en Lima. Ante esta situación el Congreso instalado en 1822, decide su traslado al Callao y sesiona de emergencia en nuestro primer puerto y se decide, aquel 19 de junio de 1823, que la capital provisional de la República sea la ciudad de Trujillo, al aprobarse esta proposición el Congreso se traslada a la actual capital del Departamento de La Libertad.
Del Callao a Trujillo, y de Trujillo nuevamente a Lima, el Congreso regresó a la sede de la capital del Perú, después que los españoles se habían retirado y se llevaron un cuantioso botín de las iglesias y saquearon varias mansiones y tremendo horror para la época, también saquearon nuestra Biblioteca Nacional. Los peruanos sólo esperaron la llegada de Bolívar y que éste le pusiera fin a estos vaivenes de guerras y se consolide la independencia, lo que ocurrió ya en diciembre de 1824 con la Batalla de Ayacucho.
Después de culminada la guerra de la restauración del Perú, ya destruida la Confederación Perú Boliviana, el Mariscal Agustín Gamarra convoca a Congreso, en vista de declarar insubsistente la Constitución de 1834. La sede de la Asamblea fue en Huancayo y fue instaurada en 1839 y en tres meses dio un nuevo régimen constitucional a nuestra nación. Durante el tiempo que duró la Confederación hubo también Asambleas en Huaura y Sicuani que no tuvieron trascendencia.
Desde aquel 1839, el Congreso no se movió de la capital de la República hasta la guerra con Chile. Ante la desgracia de San Juan y Miraflores en enero de 1881, lo poco que quedaba del Estado peruano se repliega a Chosica y después se instala en Ayacucho una Asamblea Nacional el 28 de julio de 1881, cuyo presidente fue Pío Meza, acordándose que Nicolás de Piérola fuera Presidente Provisorio y redactándose un Estatuto.
Jorge Basadre en su monumental Historia de la República del Perú escribe que el 10 de julio de 1881 comenzó sus funciones con aparente quórum, el Congreso de Chorrillos que le dio facultades de Presidente de la República con arreglo a la Constitución de 1860 al Dr. Francisco García Calderón. Este Congreso funcionó en lo que quedaba del edificio de la Escuela de Clases del Ejército y había sido declarado zona neutral por el ejército expedicionario chileno. Así también funcionó un Congreso en Cajamarca en diciembre de 1882 para dar legalidad al régimen presidido por Miguel Iglesias, y otro en Arequipa que funcionó entre abril y julio de 1883.
Culminada la guerra, destruidas nuestras industrias, arrasadas nuestras ciudades y expoliadas nuestras riquezas, el Congreso vuelve a funcionar en la plaza de la Inquisición para sacudirse del enemigo y aprobar el Tratado de Ancón que nos cercenaba nuestra señera provincia de Tarapacá y dejar al voto de la población residente de Tacna y Arica a que elija a qué nacionalidad deseaba pertenecer. El Congreso nunca más salió a debatir fuera de la capital hasta el día de hoy que se publica este artículo.
Como vemos, ha sido la emergencia internacional que ha hecho factible que el Congreso salga de Lima, no porque no se acerque al pueblo, sino que como quiera que estamos bajo un sistema republicano, aquel Poder del Estado debe tener una sede, donde los representantes de los pueblos de todo el territorio de la República puedan ejercer su representación.
Lo que en la práctica está queriendo hacer el señor Presidente del Congreso es solo un estilo demagógico para realizar un gasto innecesario, porque si el pueblo del Perú ha elegido sus representantes, con esta práctica se les hace a un lado, y minimizan a estos su labor parlamentaria. Hace sólo un par de años el Congreso aprobó una reforma para modificar su Reglamento, permitiendo que sus miembros se acerquen por una semana a sus respectivas circunscripciones de donde fueron elegidos y así acercar el Congreso al pueblo, tal fue la idea que promovió el extinto congresista Juvenal Ordóñez Salazar fallecido en diciembre de 2009.
Otra de las formas que se ha hecho para acercar al Congreso a la población han sido las sesiones públicas descentralizadas de las diferentes comisiones del Congreso, así como también la realización de Audiencias Públicas, estos mecanismos de participación ciudadana justamente hacen posible la intervención de las personas y de la sociedad civil a fin de conocer sus necesidades.
En el Congreso hay personal altamente calificado, la nueva Oficial Mayor tiene experiencia y además conoce perfectamente el Reglamento del Congreso, es obvio que desde la Oficialía Mayor y sus profesionales, no ha salido semejante despropósito, sino seguramente de alguno que otro adulón que se le ha ocurrido y el Presidente solo ha aceptado como una gran idea.
Si el Congreso solo ha salido de su sede natural que es la capital de la República en épocas de emergencia internacional, ahora se sumará a esto, como parte de nuestra historia que también salió del Palacio Legislativo cuando a su Presidente se le ocurrió que era necesario acercarlo al pueblo, sin imaginar que el Poder del Estado que preside tiene una sede natural por la Constitución que lo rige y no es itinerante de acuerdo a la voluntad de quien lo preside o la mayoría que cree que por ser tal, tiene razón.
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