La Constitución que nos llevó a la miseria

 La propuesta de restaurar la carta constitucional estatista de 1979 constituye una amenaza para los peruanos. Si prosperase semejante despropósito se revertiría el bienestar general que, con tanto sacrificio, estamos construyendo, y volveríamos a un modelo económico que en tres décadas llevó a la pobreza al 58.7% de los peruanos.

Si ese porcentaje dramático de empobrecimiento se hubiese mantenido en el tiempo, hoy en día seríamos pobres 17 de los 30 millones de habitantes que tiene nuestro país.

La principal diferencia en los capítulos económicos de la anterior y la actual Constitución está en que la de 1979 impuso restricciones a la libertad de comercio y de empresa, a la inversión privada, al ahorro, le negó independencia del Banco Central y discriminó a la inversión extranjera. La actual, en cambio, consagra y protege esas libertades, al igual a la igualdad de condiciones para la inversión extranjera; y le otorga autonomía al BCR.

Un informe publicado esta semana por el Instituto Lampadia (www.lampadia.com), nos recuerda algunas cifras dramáticas al comparar los resultados económicos de la C-79 y la actual Carta Magna: En 1989, las reservas internacionales netas de nuestro país (RIN) eran negativas en US% 105 millones, el PBI per cápita era de solo US$ 968, la pobreza alcanzó al 58.7% de los peruanos, la moralidad infantil era de 75 por cada mil nacidos y la desnutrición afectaba al 40% de nuestros niños.

En contraste – según la misma fuente- con la Constitución actual hoy nuestras RIN suman US$ 63 mil millones, el PBI per cápita supera los US$ 6,000, la pobreza se ha reducido en 30%, la mortalidad infantil a solo 18 por mil nacidos y la desnutrición afecta a solo el 15% de nuestros niños. Y lo mejor es que el país sigue creciendo económicamente y de esta manera los indicadores sociales críticos seguirán retrocediendo sostenidamente.

Como se apreciar, los resultados de la C-79 fueron totalmente negativos: el control de la moneda extranjera y la escasa inversión extranjera nos dejaron casi sin reservas internacionales (en 1990 fueron negativas), el intervencionismo estatal y el proteccionismo hicieron caer la producción y las exportaciones, y el déficit fiscal debilitó en extremo la presencia del estado en gran parte del país.

Pero el principal argumento de quienes pretenden restaurar la C-79 sostiene que nuestra Constitución actual “es obra de una dictadura”, como si la que ellos reivindican hubiese tenido un origen democrático. Lo cierto es que la C-79 fue redactada bajo la tutela de una dictadura militar que, por si fuera poco, impuso como condición absoluta que se incorporaran las “reformas revolucionarias” iniciadas en 1968, es decir que se institucionalizara el modelo económico estatista que nos llevó a la ruina como país.

Quienes defienden la anterior constitución ocultan que el debate nacional sobre aquel documento fue muy restringido en vista de que el régimen militar tenía secuestrados y amordazados a los diarios y canales de TV.

La Constitución actual puede ser imperfecta, necesita ajustes que mejoren la estructura del Estado, nuestra institucionalidad política y algunos cambios más. Pero, con todos sus defectos, es muy superior a la vieja C-79, a la que jamás debemos regresar.

Retornar al estatismo sería volver al camino de la pobreza, el subdesarrollo y la violencia. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra, de ninguna manera.