Los muertitos del Presidente

Los muertitos del Presidente
Faltan 25 días para que culmine el segundo gobierno de Alan García y hay un balance negativo –doloroso- que no debe perderse de vista sobre el régimen saliente. Son 103 los peruanos que perdieron la vida en más 250 conflictos sociales ocurridos en diferentes puntos del país, en estos cinco años. A decir de activistas de Derechos Humanos, esta trágica cifra pudo evitarse si el Estado hubiera optado por políticas de prevención, en vez de recurrir a las violentas represiones.

“Quien tiene la responsabilidad es el propio presidente Alan García”, afirmó el secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo. El activista enfatizó que el mandatario no debería exhibir un espíritu festivo antes de finalizar su mandato, pues el saldo que deja su gestión es desolador.

Jugo Viera cuestionó que, para García, la solución de las protestas sociales haya pasado por la violencia y no por medio de las mesas de diálogo. “Debemos recordar que en los hechos de Moquegua, el Presidente dijo que el general (Alberto) Jordán debió disparar contra los manifestantes, llegando a afirmar que primero se dispara y luego se pregunta”, acotó.

Una cifra que también se lamenta es que en los cinco años de mandato de Alan García, es cuando más efectivos policiales han perdido la vida, precisamente por la política equivocada de García Pérez para resolver los conflictos sociales. Solo basta recordar cada protesta para que nos venga a la mente las imágenes de policías en la primera línea de ataque. El activista de derechos humanos pone como ejemplo el violento desalojo del Bosque del Pómac, en enero del 2009, donde perdieron la vida los policías Carlos Peralta Padilla y Fernando Hidalgo.

“Todo por una absurda forma de ver los conflictos donde se prioriza la participación policial a una solución política”, finalizó.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, precisó que la administración García quiso imponer una normatividad para criminalizar la protesta social y mencionó como ejemplo el Decreto Legislativo 1095, que permitía avalar el uso de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas armadas, en casos de conflictividad y protesta social.

Silva Santisteban precisó que por la indiferencia con que actúa el Ejecutivo ante una protesta, en la población se percibe la lógica que la única forma de hacerse escuchar es “la toma de carreteras”.

Debido a que dos tercios de los conflictos sociales son de carácter medio-ambiental, el representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan Carlos Ruíz, sostuvo que el gobierno maneja una política a favor de la minería, en perjuicio de los derechos de los pueblos indígenas.

“Nadie les consulta sobre las concesiones mineras y se olvidan del Convenio 169 de la OIT”, alegó. Hay que precisar que este documento establece la consulta previa a las comunidades indígenas para que decidan sobre las inversiones que hasta la fecha no es aprobada por el Parlamento.

Indicó que el gobierno ha optado durante todo su mandato por una respuesta penal represiva, en vez de una de índole político. Paradójicamente, Alan García en entrevista concedida a la revista Caretas, defiende la cuestionable política con la que su gobierno reprimió los conflictos sociales. En su ego, no hay mea culpa.

“Yo soy un demócrata y busco sobre todo que se respeten los derechos humanos y la vida de las personas. Ahora, cuando llega el momento no queda más remedio que usar las armas”, sostuvo al ser consultado por los informes de inteligencia que advertían de la toma del aeropuerto de Juliaca.