Por Eduardo Bueno León
1- El Gobierno del Presidente Ollanta Humala está a punto de cumplir un año, y los resultados son decepcionantes. Comenzó estableciendo los límites de su gobierno en torno a un documento llamado "Hoja de ruta" y su juramento simbólico a favor de los valores y principios de la constitución de 1979. La “Hoja de ruta” planteaba políticas sociales y creación de instituciones donde lo central sería la concertación para el desarrollo. De allí su juramento por los valores de la constitución de 1979 que aparentemente lo alejaba del neoliberalismo. Se entendió que se impulsaría un cambio gradual de paradigma en torno al crecimiento económico, que ha aumentado las desigualdades sociales y regionales en el Perú..
Sin embargo, presionado por las condiciones de la economía global y la amenaza de una recesión mundial, prefirió evitar riesgos y ratificó el rumbo económico marcado desde el MEF-BCR y las élites empresariales que NO lo apoyaron en las elecciones del 2011.
El resultado ha sido una postergación indefinida de la “Hoja de ruta” y una reafirmación en las políticas neoliberales. Toda la acción de su gobierno no está orientado a crear las bases institucionales y sociales que legitimen las reformas ofrecidas, sino a gestionar lo que heredó y “tratar de hacerlo un poco mejor”, derrochando el gran capital político y social que acumuló en la segunda vuelta electoral.
No es de recibo tampoco que sepulte el programa con el cual logró pasar a la segunda vuelta electoral y por el cual optaron un tercio de los electores. Dicho programa en su diagnóstico y horizonte no estaba reñido con una visión de la modernidad con inclusión social y sustentabilidad. Quizás algunas propuestas debían dejarse de lado, al ampliarse el abanico electoral, pero de ninguna manera cancelar unilateralmente el “contrato social” que surge del voto ciudadano.
2- Las medidas adoptadas durante su primer año de gobierno supuestamente son la base de un proceso de cambio llamada "Gran transformación". Se impusieron impuestos a la sobre ganancias mineras, se elevó el salario mínimo, se aprobó una ley de consulta previa, hubo algunos gestos en el tema del gas-petróleo y se creó un Ministerio de la "Inclusión social" que al final solo ha logrado organizar un par de programas sociales efectivos. Dicho ministerio es muy lento, y voceros del Partido Nacionalista han señalado que el funcionarado del gobierno es de otros partidos, con lo cual tratan de justificar la falta de operatividad institucional.
Sin una visión de la Gobernanza que integra las capacidades nacionales del Perú con las dinámicas del crecimiento económico, y su vinculación a los procesos integracionistas de sudamerica. Con una restringida visión de la Gobernabilidad sujeta solo al principio formal de autoridad, sin reparar en la necesidad de construir la legitimidad y el consenso, sin el cual el principio de autoridad puede devenir en arbitrariedad, el Presidente gestiona no un proceso de cambio sino un funcionamiento inercial de la administración pública. El Presidente no está liderando el proceso político, sino que actúa como un funcionario de segunda donde lo más importante son las decisiones del Ministro de Economía.
Entonces no es solo la ausencia de cuadros profesionales del Nacionalismo y la extinta alianza Gana Perú, sino un estilo que no es funcional a la ofrecida “Gran transformación”. La austeridad y la mesura son insuficientes para el logro de los objetivos, puede marcar la diferencia con el protagonismo elefantiásico e irracional de García, pero no es inspirador de una mística del trabajo gubernamental, orientado a renovar la administración pública tan corroída por la corrupción y la ineficiencia.
El partido que gana las elecciones no solo representa a sus militantes, representa al bloque social que con su voto apoya su oferta electoral o sus planteamientos de gobierno. El partido político organizado en grupos de trabajo y planes de gestión, tiene el derecho y es necesario que ocupe los cargos de confianza del Estado. De lo contrario el aparato administrativo y la tecnocracia bien rentada, cobijada en reservas legales, se convertirá en un poder fáctico que neutralizará las iniciativas del Presidente o tratará de negociarlas.
La pareja presidencial esta situación no le preocupa, y ha desarticulado a su partido y sus aliados del gobierno. Los nombramientos pasan por tamices privados, como es el caso del nombramiento de algunos embajadores, y se ha desconocido el aporte de los militantes y profesionales de la academia y la sociedad civil que apoyaron entusiastamente al Partido Nacionalista desde hace una década.
El Presidente Ollanta Humala tiene desconfianza de sus aliados, así como desconfía de las declaraciones de los miembros de su familia. La salida del gabinete Lerner fue precipitada, innecesaria y abusiva. Hubo sin duda errores tácticos en algunos asesores de Lerner como Carlos Tapia que intentó rectificar a Humala con el tema de Conga, y algunos economistas críticos se impacientaron, pero pudo realizarse un ajuste y dejar que los equipos tomaran posicionamiento de la gestión pública. El Presidente sin embargo cedió a las presiones y condicionamientos del MEF y grupos empresariales y eliminó a la tendencia negociadora legitimada socialmente de su gabinete.
El resultado: aislamiento y tumbos. El barco se quedó sin agua en medio del rio.
3- La gran alianza política y social que llevó al presidente Humala al poder, se ha dividido. Proceso que comenzó con la salida del gobierno del Presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner y diversas personalidades de la izquierda peruana. Progresivamente se han separado de la línea oficialista diputados de Gana Perú y dirigentes regionales. La división sin embargo, llegó al grado de abierta confrontación con movimientos regionales por el tema minero y el deterioro medioambiental. Es la propia base social del Humalismo, la que se ha rebelado contra la línea presidencial y siente que ha sido engañada por Ollanta Humala.
De forma paralela, el Presidente opera y toma decisiones en un círculo muy estrecho de colaboradores desconocidos y sin representatividad social y política. Trata de mantener algún tipo de contacto con las bases de su movimiento, hace declaraciones tardías sobre eventos de coyuntura o simplemente guarda silencio. Así mismo, va redefiniendo su proyecto original a través de discursos y declaraciones cuando viaja al extranjero. Objetivamente el Presidente ratifica el modelo económico y social que ha heredado, y al cual combatió desde la oposición. Aunque subjetivamente, no lo tenga todavía asumido.
Esta ambigüedad evidencia una gran incapacidad para planificar el cambio ofrecido a los peruanos y peruanas. No hay una estrategia que vincule fines y medios, y mucho menos un planteamiento que mantenga cohesionada a su base social, la cual por lo visto, no se disgregará ni fragmentará como sucedió con el Partido Aprista bajo el segundo gobierno de García.
Su base social se ha puesto en pie de guerra y lo está castigando en las encuestas y en las regiones. Empero la ruptura no es irreversible y hay todavía espacios y márgenes para reconstruir su alianza con el pueblo que lo eligió. Sin embargo, la pareja presidencial no hace nada para restablecer los puentes indispensables y todo se quiere arreglar con Twitter y frasecitas convocando a la paciencia eterna. De esta forma diera la impresión que la frivolidad, la patrimonialización y la sensualidad con el poder que embriagó a Alejandro Toledo y Alan García, se están reproduciendo en Ollanta Humala y Nadine Heredia.
Más que dirigir al Estado según los objetivos de la “Hoja de ruta” y los valores de la Constitución de 1979, se han instalado en la cumbre del tobogán del modelo económico que tanto cuestionaron.
4- Esta situación está siendo aprovechada por la derecha dura peruana, que ha comenzado a pedir represión y cárcel para los dirigentes regionales y sociales que se oponen a inversiones mineras irracionales y contaminantes. Un fracaso del sistema democrático restaurado tras el fujimorismo, sin lugar a dudas, es que no pudo crear valores democráticos tolerantes en las élites, evidenciandose que los defensores de los monopolios y los oligopolios solo son democráticos si no se tocan las ganancias de las grandes empresas.
Y por eso el reclamo de estas élites de medidas autoritarias que son una verdadera trampa al Presidente Humala, como las acciones seudo legales tomadas por fiscales y jueces con el caso Espinar. Un Presidente inexperto que no termina de aprender y una maraña de intereses ajenos a la “Gran transformación” que lo rodean y lo presionan, lo tienen doblemente aislado y ejerciendo una neutralidad que no se corresponde ni con el sentido del voto que lo eligió, ni con el momento histórico que vive el Perú. A veces diera la impresión que la neutralidad del Jefe de Estado es pura impotencia política.
Otro sector de la derecha y la caviarada pide que el Presidente se convierta en el “relacionista público” del modelo neoliberal extractivista minero-agrario-pesquero exportador. Le están pidiendo públicamente a OH que “regrese” a las bases sociales que lo eligieron y los convenza que las medidas adoptadas son suficientes y que el modelo actual es lo único que sacará al Perú de la pobreza y el subdesarrollo.
Es un suicidio político, un auténtico “Hara-Kiri” que significaría la pulverización por décadas de la legitimidad de la izquierda nacional peruana, como lo hizo Alan García con el Aprismo histórico Hayadelatorreano al publicar “El perro del Hortelano”. La derecha peruana –una de las más violentas y reaccionarias de América Latina- conseguiría un gran triunfo sin necesidad de haber dado la batalla de las ideas y los valores. Le habría bastado con doblar a líderes inconsistentes.
5- El proyecto de la “Gran transformación” está en la picota pese al discurso del Partido Nacionalista, los afanes Twiteros de la Primera Dama y la retórica de Humala. Pero no significa que todo está ya definido.
Los intelectuales, académicos, dirigentes, líderes y luchadores sociales no deben abandonar los espacios abiertos en la administración, aunque no haya nada de que vanagloriarse. Tampoco los comunicadores mediáticos progresistas deben tirar la toalla. Deben seguir dando la lucha dentro y fuera del gobierno. Ello no tiene nada que ver con cartas de “lealtad” o juramentos inducidos. La lealtad de las fuerzas progresistas es al proyecto no a las personas, pero ser funcionario o estar en el ámbito de la administración no significa renunciar a los derechos políticos deliberantes. Es un mutuo aprendizaje entre las pocas élites humalistas que dirigen el gobierno y los técnicos y profesionales incorporados, aprender a tolerarse aunque no se compartan las orientaciones, sin olvidar que el semi presidencialismo peruano en su ambigüedad institucional, descansa en las decisiones del Presidente y su gabinete, el cual casi nunca contradice al Jefe de Estado.
6- El Perú requiere un gran diálogo nacional, un gran debate macro social sobre el modelo de desarrollo y el modelo de crecimiento basado en las inversiones mineras. Es necesario pactar para el largo plazo las condiciones de la explotación minera que en todo el mundo es contaminante. Y ello incluye la pequeña y mediana explotación informal. También otros temas que son cruciales de la “Hoja de ruta” referidas al sistema fiscal e impositivo, la calidad educativa y la reforma política del estado. Si el debate tiene éxito, ello puede ser la base de un proceso constituyente pactado.
Falta la institución para el debate nacional, pues el Congreso es controlado por los partidos y se requiere un diálogo con la sociedad civil y movimientos regionales. No debe seguir permitiéndose que la agenda nacional y las definiciones de política la impongan periodistas y comentaristas a través de los medios de comunicación. Ello no es democrático, la oligarquía mediática trata de hacer parecer como de interés nacional lo que son sus prioridades privadas.
7- Otra omisión importante en este primer año de Humalismo es la indolencia frente a la corrupción. Lobistas, delincuentes de cuello blanco, ex altos funcionarios del Garciato, tecnócratas que se mueven entre lo público y lo privado, militares objeto de graves señalamientos, empresarios que hacen quebrar sus empresas, políticos públicamente exhibidos en su corrupción, todos siguen circulando entre los pasillos del poder y el mundo mediático como si no hubiese pasado nada. Se corre el riesgo de entronizar un sistema político en base a la impunidad, donde el delito ni siquiera es condenado moralmente.
El Presidente no ha enfrentado la corrupción con la energía y decisión que ofreció cuando estaba en la oposición y cuando presentó su candidatura. Diera la impresión que es un tema que nunca estuvo en su agenda, mostrando un gran desinterés. La burocracia sigue actuando de forma opaca y el lobismo operando sin control como se demuestra con el remate de las tierras del proyecto Olmos.
La acción de la mega comisión del congreso es torpedeada de forma continua, jueces y fiscales nombrados durante el Garciato no actúan o lo hacen lentamente sin ánimo alguno de investigar delitos en contra del Estado. Los medios de comunicación vinculadas a las empresas beneficiadas en el gobierno anterior han formado un escudo protector alrededor de García y explota al máximo los problemas de los congresistas nacionalistas o de algunos funcionarios Humalistas sospechosos de corrupción.
El Perú transitó de la cleptocracia fujimorista-montesinista, a la desvergüenza del Toledismo y se pasó al gobierno de los lobis de Alan García y sus ministros.
La “Gran transformación” implicaba moralizar la administración pública, desprivatizarla e imponer modernos sistemas de control, transparencia y fiscalización. Y nada de eso ha ocurrido.
O el Presidente no tiene poder para impulsar acciones anticorrupción, o ha delegado este frente al marco del congreso y el poder judicial, como si Perú fuese Suiza. Si no hay liderazgo contra la corrupción, el esquema seguirá reproduciéndose en perjuicio del propio gobierno Humalista. Y no está claro si ya se “pactó” con el Alanismo, impunidad a cambio de estabilidad política.
Finalmente, es necesario retomar y relanzar el proyecto cristalizado en la “Hoja de Ruta”, volver a reconstruir las alianzas y consensos con la base social que se movilizó hace un año a favor de un gobierno diferente y popular. De persistir en la inercia, el gobierno terminará apoyándose en los grupos y poderes que no desean ningún cambio importante y que consideran al Estado su propiedad, y cada vez que ello ha ocurrido, su secuela ha sido la violencia.
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